Resuelve tus dudas respecto a nuestra querella

En relación a los casos Penta, SQM y Corpesca, Fundación Ciudadano Inteligente presentó una querella por delito de cohecho respecto de 12 personas que tenían cargos públicos al momento en que se cometieron estos ilícitos y contra quienes resulten responsables.
Se presentaron querellas contra personajes de reconocida influencia política y/o de alto interés público, tales como diputados, senadores, miembros de directiva de partidos, subsecretarios y ministros, sobre quienes tengamos información que sugiera que, mientras hayan sido funcionarios públicos, estuvieron vinculados a potenciales actos de cohecho. La decisión final de contra quiénes presentamos querellas judiciales recae en Pablo Collada, Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, y Rodrigo Mobarec, representante legal y Presidente del Directorio de la Fundación Ciudadano Inteligente.
La querella por cohecho se dirige contra Iván Moreira, Ena Von Baer, Pablo Wagner, Fulvio Rossi, Roberto León, Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Ernesto Silva, Claudio Eguiluz, Jorge Pizarro, Jaime Orpis y Pablo Longueira.
El Código Penal establece que el delito de Cohecho lo comete: “El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. Tiene una sanción de 5 años y 1 día la pena de reclusión menor en su grado medio, y además, con la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados y multa del tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado. Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente”.
Según el artículo 111 del Código Procesal Penal solamente se pueden presentar querellas contra personas que hayan cometido delitos contra la probidad pública siendo funcionarios del Estado. Esto quiere decir que la ley actual no nos autoriza a querellarnos contra políticos que no hayan estado ejerciendo un cargo público al momento del ilícito.
Ciudadano inteligente fue de los primeros en solicitar la renuncia de Sebastián Dávalos y la realización de una investigación y los resultados están a la vista. A nivel judicial, al ser una investigación sobre hechos que ocurrieron en la VI región, nosotros no estaríamos legitimados para actuar por tener domicilio en la provincia de Santiago.
En Ciudadano inteligente, creemos que los hechos que se están investigando revisten la máxima gravedad, y es necesario que sean investigados a fondo y se encuentren responsables sin importar su color político. De esta forma, apuntamos a que la justicia aplique las más altas sanciones. Lo que está en juego es la confianza en nuestras instituciones democráticas, la ética en el ejercicio de la función pública y cómo Chile afronta la corrupción y la relación entre el dinero y la política.
Nuestra fundación en todos los años que lleva trabajando ha velado por el buen ejercicio de la función pública y la defensa del interés ciudadano. En este caso, hemos visto que se necesita potenciar la investigación en la arista política, de modo que se transparenten los hechos y acciones que hoy tienen dañada la confianza ciudadana y que han demostrado que nuestra ley de financiamiento de la política es vulnerable. Este último tema es el que hemos venido trabajando durante los últimos años, realizando propuestas para su perfeccionamiento.